El veto del gobernador de Nuevo León, Samuel García, al paquete fiscal 2026 desató una nueva confrontación con el Congreso local y dejó en suspenso la aprobación del presupuesto estatal, considerado el más alto en la historia de la entidad con un monto superior a los 160 mil millones de pesos. Sin embargo, la intervención de la dirigencia nacional de Morena y su coincidencia con legisladores del PRI y PAN abrió la puerta a una posible salida política.
El conflicto surgió luego de que el Ejecutivo rechazara el paquete aprobado por la mayoría legislativa, al considerar que incluía recortes a rubros clave como deuda, impuestos y márgenes de gasto discrecional. Desde el Congreso, en cambio, se defendió que los ajustes buscan evitar un mayor endeudamiento y frenar incrementos fiscales que impacten a ciudadanos y empresas.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, la diputada priista Lorena de la Garza Venecia, señaló que el veto forma parte de una conducta reiterada del mandatario estatal frente a las facultades del Poder Legislativo para modificar la propuesta presupuestal. Afirmó que en esta ocasión el punto de quiebre fue la negativa del Congreso a otorgar mayor margen financiero al Ejecutivo.
Entre las medidas rechazadas por los legisladores se encuentran aumentos al Impuesto Sobre Nómina, la creación o alza de diversos derechos y gravámenes, así como propuestas de endeudamiento adicional. La legisladora sostuvo que la situación financiera del estado obliga a actuar con cautela, al advertir que Nuevo León se ubica entre las entidades con mayor deuda per cápita.
El escenario político cambió tras la visita a la entidad de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien planteó condiciones para respaldar el presupuesto desde su partido. Entre ellas destacan destinar recursos a una pensión universal para personas con discapacidad, evitar aumentos al transporte público, rechazar nueva deuda e incrementos de impuestos, garantizar pagos a municipios sin tintes políticos y reducir el gasto en imagen, viáticos y consultorías del Ejecutivo.
Estas propuestas encontraron coincidencias con las bancadas del PRI y PAN, lo que derivó en nuevos trabajos en la Comisión de Presupuesto para ajustar el proyecto. De acuerdo con legisladores, el objetivo es construir una mayoría suficiente en el Pleno que permita aprobar el presupuesto modificado.
De no lograrse un acuerdo, el estado tendría que operar con el presupuesto anterior, lo que podría afectar compromisos financieros y operativos. Desde el gobierno estatal, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, aseguró que se respetará la determinación del Congreso y llamó a que las decisiones se tomen en favor de Nuevo León.
El desenlace dependerá de las negociaciones técnicas y políticas en los próximos días, en un contexto donde el debate sobre deuda, gasto público y transparencia se mantiene en el centro de la discusión pública.
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