El coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, informó que se realizarán auditorías a los municipios que acumulen quejas ciudadanas por el manejo de recursos públicos, entre ellos San Andrés Cholula, donde se han cuestionado recientes solicitudes presupuestales para obra pública.
En entrevista, el funcionario explicó que la alcaldesa de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, solicitó al Gobierno del Estado recursos por cerca de mil millones de pesos para la ejecución de entre ocho y diez obras, principalmente de pavimentación, lo que generó observaciones por tratarse de montos elevados para un número reducido de proyectos.
El tema cobró relevancia luego de que el exregidor Raymundo Cuautli solicitara una auditoría, tras denunciar una inversión de ocho millones de pesos para la pavimentación de kilómetro y medio, situación que despertó inconformidades ciudadanas.
García Parra señaló que este tipo de decisiones reflejan prácticas heredadas de gobiernos del PRIAN, al considerar que no se ha entendido la necesidad de ejercer los recursos públicos con responsabilidad y acorde a la realidad financiera actual.
“Creen que siguen siendo los tiempos de antes, cuando pensaban que gobernantes y constructoras podían enriquecerse. El año pasado la alcaldesa presentó una propuesta para ocho o diez calles y solicitó apoyo estatal por mil millones de pesos; no tenemos esa capacidad financiera y debemos ser responsables”, expresó.
Indicó que, ante las quejas presentadas, será la Auditoría Superior del Estado (ASE) la instancia encargada de realizar las revisiones correspondientes y determinar si existen irregularidades en el ejercicio de los recursos.
Asimismo, advirtió que existe una narrativa que busca politizar estos procesos con fines electorales; sin embargo, sostuvo que el objetivo es garantizar resultados y transparencia en beneficio de la ciudadanía.
Finalmente, García Parra señaló que varios municipios podrían quedar expuestos por irregularidades en este o el próximo mes y subrayó que no podrán argumentar persecución política cuando las inconsistencias en el manejo de recursos públicos sean evidentes.