La instalación de un salón de belleza en el Senado de la República ha generado cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso de austeridad y las prácticas al interior del recinto legislativo.
El espacio, ubicado en el piso dos del Hemiciclo, ofrece servicios de estilismo y maquillaje durante días de Sesión Plenaria para algunos trabajadores y legisladores.
El tema cobró relevancia luego de que circularan videos donde empleadas del lugar evitan explicar quién ordenó la instalación del salón, e incluso una de ellas se ocultó de la grabación.
El local no cuenta con señalización visible y se ubica en una zona de oficinas y del servicio médico, por lo que pasa desapercibido para la mayoría de visitantes.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, defendió la existencia del espacio al señalar que “todos deben estar bien presentados” y que se trata de algo normal en recintos legislativos, pues también existe en la Cámara de Diputados. Afirmó que el servicio no se cubre con recursos públicos directos para peinados o maquillaje.Según su versión, cada senadora y senador paga de su bolsillo los servicios que solicita, y subrayó que se trata de un trabajo digno para quienes lo realizan.
También explicó que muchos legisladores llegan directamente de vuelos tempranos desde sus estados y requieren apoyo para alistarse antes de las sesiones.
Sin embargo, la polémica revive un antecedente incómodo: en 2018, al inicio de la llamada Cuarta Transformación, Morena ordenó retirar un salón de belleza en el Senado bajo el argumento de austeridad y eliminación de privilegios.
Hoy, la reaparición de un espacio similar genera dudas sobre si los criterios han cambiado o solo el discurso.
Aunque se aseguró que el salón permanecerá, actualmente mantiene sellos de seguridad que, según personal del recinto, se colocan de forma rutinaria en diversas áreas.
El debate no gira solo en torno a un servicio de imagen personal, sino a la percepción ciudadana sobre el uso de espacios públicos dentro del poder legislativo.